La jueza Evelin Torres, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, varió las medidas de coerción impuestas a cuatro
jóvenes acusados de "jackear" las páginas web de la Presidencia de la
República y otras instituciones del Estado en marzo pasado.
Los imputados de jackeo a páginas webs del Gobierno son Milton David
Cornielle Jiménez, Jean Carlos Rafael Acosta, Cristian José de la Rosa
de los Santos y Robert Delgado Reynoso, quienes cumplían coerción
de tres meses de prisión en la cárcel de Najayo, provincia San
Cristóbal.
El grupo también fue acusado de formar parte del grupo de piratas cibernéticos internacionales Anonymus.
Contra los cuatro jóvenes la jueza de la Oficina de Atención
Permanente del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, había dictado
prisión preventiva de tres meses como medida de coerción.
Al acoger la petición de los abogados de los imputados, la jueza les
varió la coerción por una garantía económica de 300 y 500 mil pesos,
impedimento de salida del país y presentación periódica a la Fiscalía
del Distrito Nacional el primer lunes de cada mes hasta que se conozca
el fondo del caso.
El abogado de los reclusos, Alberto Hernández, en llamada a El
Gobierno de la Tarde de la Z101, dijo que el tribunal acogió la petición
de la defensa para que se variaran las medidas de coerción en favor de
los reclusos, por estar garantizada su presencia ante los tribunales
cada vez que sean citados.
Por el jackeo contra el Estado dominicano también están en prisión
dos menores que fueron enviados al Tribunal de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Según la acusación sostenida por al Fiscalía del Distrito Nacional,
el grupoo está acusado de violar la Ley 53-07, sobre delitos y crímenes
de alta tecnología, de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias
controladas, y la Ley 36, relativa al comercio y porte de armas, ya que
al momento de su detención las autoridades se incautaron de porciones de
drogas y municiones de armas de alto calibre.
Los cuatro jóvenes y los dos menores supuestamente habrían causado
daños al Estado dominicano con sus prácticas cibernéticas, al afectar
las páginas web de la Dirección de Impuestos Internos, la Presidencia de
la República, Ministerio de Educación y Ministerio de Turismo, empresas
privadas y a una compañía telefónica.
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